OPINION

ANÁLISIS REFORMA CONSTITUCIÓN


El pasado 18 de agosto del año en curso, el presidente Luis Abinader, anunció la reforma a la Constitución dominicana a

 los fines de fortalecer “la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes”, así como para consolidar la independencia del Ministerio Público”.

Entendemos que una reforma para fortalecer los puntos planteados por el primer mandatario viene a fortalecer la democracia dominicana. Entendemos que aunque estamos inmersos en una crisis de salud,  la misma es necesaria, ya que algunos puntos neurálgicos que han ocupado las primeras planas en República Dominicana ameritan ser constitucionalizados para blindarlos de posibles violaciones. 

Ahora bien, es preciso resaltar que el excelentísimo señor Presidente convocó a los principales líderes para presentarle su proyecto de modificación y consensuar la misma, es decir, se están creando las bases con miras a someter el proyecto de reforma mediante ley. En la actualidad la reforma no procede, ya que el mismo señor presidente solicitó 45 días de Estado de emergencia y la Constitución es clara al establecer en su art. 271 “no podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en el artículo 262”, dicho con otras palabras: "El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en la modalidad Estado de Emergencia”, ya que en virtud de lo que establece el art. 265 de la Carta Magna, “concurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública”.

Bajo ese entendido, desde el punto de vista de la legalidad, será necesario esperar culmine el Estado de emergencia y posteriormente iniciar el proceso, el mismo establecido por el mismo texto constitucional. 

 En ese sentido tocaré de manera superficial los siguientes puntos: 

1.Independencia del Ministerio Público

El artículo 170 de Constitución establece con claridad y precisión que es un órgano autónomo y reza de la siguiente manera: “Goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”.

De igual forma, la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público, es clara al establecer en su artículo 2 la autonomía del Ministerio Público, “goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa”. 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define autonomía de la siguiente manera “condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”. Significa esto, que el Ministerio Público es independiente desde el punto de vista funcional, no depende jerárquicamente del Presidente de la República y tiene facultad de administrar sus propios recursos. 

En ese sentido, es una autonomía limitada, por lo que entiendo que de reformar la Constitución en lo referente al Ministerio Público, es imprescindible la creación de un órgano similar al Consejo Nacional de la Magistratura, o a través del mismo, ya que el Procurador General de la República es parte, a los fines de designar el Procurador (a) General de la República y de esta forma eliminar que el mismo sea designado mediante decreto. 

Así como una reforma al art. 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) en cuanto que, de los catorce procuradores adjuntos al Procurador General de la República, “la mitad será designada por el presidente de la República entre juristas que cumplan los requisitos para ser Procurador General de la República”, lo que evita la independencia total del referido órgano del sistema de justicia. 

En lo referente al tema democracia, la Constitución dominicana cita el concepto democracia en varios artículos, precisando que el objetivo principal es el fortalecimiento y la calidad de esta, de igual forma establece mecanismos de participación ciudadana a los fines de garantizar un clima democrático, en ese sentido, es necesario fortalecer las instituciones que se encargan de dar participación y sobre todo vincular activamente a la sociedad civil en la toma de decisiones. 

En ese punto cabe resaltar, que el libre acceso a la información pública, la publicidad de informaciones estatales en las páginas institucionales y la fiscalización de los fondos del Estado es sinónimo de democracia. Aunque existe un clima de limitaciones, por lo que es ineludible expandir el radio de acción de las instituciones publica, a los fines de que las mismas sean más inclusivas y eliminar la burocracia institucional, que, más que aportar al fortalecimiento de la democracia, la debilita. 

En cuanto al tema corrupción, para nadie es un secreto que es un mal que carcome las instituciones políticas y privadas, de igual forma debilita el crecimiento económico y va en detrimento de las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más vulnerables de nuestra república. 

La Constitución dominicana, en su artículo 146, es clara y la misma “condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”, y llama en su numeral 1: "Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. 

En la actualidad, de acuerdo con estudios realizados, los delitos más comunes en materia de corrupción son: “prevaricación, soborno o cohecho y concusión, coalición de funcionarios, de la falsedad en escritura pública o auténtica, desfalco, de los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad”.

 Cabe resaltar que el Código Penal Dominicano no aborda el concepto corrupción en su articulado sino que a partir del art. 123 aborda los conceptos coalición de funcionarios, en su artículo 127 aborda la usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial, de igual forma en el 166 se refiere a  la prevaricación, y de los crímenes y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por lo que se hace necesaria la reforma al actual Código Penal dominicano y con el una cantidad interesante de normas que son obsoleta y ameritan de un análisis profundo con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción. 

En materia de corrupción hemos experimentado un importante avance con la designación de la Magistrada Mirian German Brito al frente de la Procuraduría General de la República y del adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa quien posee un equipo de fiscales experimentados está realizando un trabajo formidable en contra del tema corrupción. 

En conclusión, es necesario profundizar en materia de democracia, Ministerio Público y corrupción, pero es necesario reforzar la Constitución, pero sobre todo fortalecer las instituciones, por lo que es necesario es necesario erogar más presupuesto a los fines de que se realice un trabajo apegado a la norma. 

En fin, posterior a la culminación del estado de excepción en su modalidad de Estado de emergencia, el presidente debe seguir los lineamientos establecidos en el título XIV sobre las reformas constitucionales, ya que la nuestra es una constitución rígida y establece a partir del art. 267 cual es el procedimiento para seguir para reformar cualquiera de su articulado.

Franklin Vicente 

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